Aquí les dejo para la reflexión el discurso de orden pronunciado por el Doctor Jorge Olavarría ante el Congreso Nacional, el 5 de julio de 1999, hace ya 20 años, con motivo de la conmemoración de los 188 años de la Declaración de Independencia.
“Señor Presidente Constitucional de la República. Señores Presidente y Vicepresidente del Congreso Nacional. Señores Representantes de los Poderes constitucionales de la República. Excelentísimo señor Nuncio de su Santidad, Decano del cuerpo diplomático y Excelentísimos señores Embajadores y Honorables Encargados de las misiones diplomáticas aquí presentes. Señoras y señores.
Esta solemne celebración, la última del siglo, coincide con una hora menguada de la patria. Es una hora triste, tensa y bochornosa. Preñada de peligros y de amenazas para los que queremos vivir en libertad y democracia, bajo el imperio de la ley.
No es hora de historias pasadas. La historia se está haciendo aquí y ahora. Es la circunstancia la que nos exige seguir el ejemplo de los próceres que firmaron la declaración de la independencia. De los que fundaron las bases y sentaron los principios de un Estado Constitucional en el cual la ley respetase la virtud y el honor, como lo cantaba una cancioncilla que andaba por las calles de la Caracas de aquellos días. Es la hora de hacer verdad el himno que hoy cantamos. Es la hora de hacer como ellos. No de hablar de ellos. Porque si no, seguiremos cantando que el vil egoísmo, otra vez triunfó.
Con el recuerdo de las heroicidades de los libertadores no vamos a exculpar las cobardías de hoy. Así no aprenderemos las lecciones que, con el sacrificio de sus vidas, nos dieron quienes firmaron el Acta que acaba de ser leída. Con esa retórica, apenas lograríamos anestesiarnos el dolor de las verdades que hoy nos abochornan y que nos han traído donde estamos. Por ese camino no nos vamos a encontrar jamás con nosotros mismos.
Los hechos de hoy plantean ante la conciencia moral de los venezolanos de hoy la obligación de hacer algo por lo que hoy amenaza la esperanza de cambiar lo que hay que cambiar, pueden hacer y van a hacer retroceder a Venezuela a un ayer, cuyos atavismos de violencia están latentes, y sólo falta alguien que los despierte. Y alguien los está despertando.
Mañana nadie podrá declararse eximido de responsabilidad, si hoy cada quien no asume la responsabilidad que le corresponde. Sin egoísmos. Sin cobardías.
Para las revoluciones que están revolucionando al mundo de hoy, la retórica heroica de las revoluciones de ayer, de poco vale. Esa retórica heroica no nos hace más ricos, ni más sabios, ni mejores ciudadanos. No nos consuela de lo que somos, con el recuerdo de lo que fuimos. Lo que ellos hicieron ayer, no nos exime de lo que nosotros, aquí y ahora, debemos hacer hoy.
La valentía que vale en el mundo del siglo XXI, no es la valentía del asaltante temerario. Es la valentía del saber, la valentía del trabajo, la valentía del dominio de una tecnología que ha cambiado al mundo en los últimos años, más que todos los cambios del milenio que concluye y que va a cambiar la dinámica política de las sociedades humanas a extremos que la imaginación no alcanza a imaginar.
Esa debe ser la valentía de los venezolanos que tienen que ser valientes en el siglo XXI.
Para ellos, los venezolanos que hoy y ahora tenemos alguna responsabilidad, debemos tener, hoy y ahora, el valor y la decisión que se necesitan para enfrentarse a la orgía de insensatez demencial que nos empuja hacia atrás. Que nos lleva a desandar caminos andados. Que nos induce a repetir errores cometidos.
Si los venezolanos nos dejamos alucinar por un demagogo dotado del talento de despertar odios y atizar atavismos de violencias, con un discurso embriagador de denuncia de corruptelas presentes y heroicidades pasadas, el año entrante Venezuela no entrará en el siglo XXI. Se quedará rezagada en lo peor del siglo XX. O retornará a lo peor del siglo XIX.
El desprecio que el señor Presidente manifiesta por una Constitución que le otorga legitimidad a su mandato, pero que él sentenció a prematura muerte, no nos aclara los términos de la Constitución de sus verdaderas intenciones con la cual propone reemplazarla.
Por lo pronto, está claro que nadie puede ignorar las repetidas amenazas que el señor Presidente ha proferido en contra del Congreso; de la Corte Suprema de Justicia y sus Magistrados; del Fiscal y del Contralor de la República, del Consejo Nacional Electoral y de las Fuerzas Armadas. Ni un sólo Poder Constitucional ha sido eximido de sus amenazas. Ni uno solo.
Y no es que la imagen que el país tiene de estos poderes sea inmerecida. No. Si hemos llegado a una situación en la cual estas amenazas se profieren sin que el país se ponga de pie para protestarlo, es por algo.
Pero estas no son las amenazas de un reformador de lo que se niega tercamente a ser reformado. Son los anuncios de un destructor.
El señor Presidente amenazó a la Corte Suprema de Justicia con lanzar a sus seguidores a la calle a manifestar en su contra, si decidía un recurso interpuesto en forma que él consideraba contraria al pueblo. Y no pasó nada.
Un pueblo en cuyo nombre dice hablar y del cual alega haber recibido un mandato de poder absoluto y dictatorial. Así lo consignó por escrito, en una memorable carta enviada a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Reclamó para si la exclusividad en la conducción del Estado. El Señor Presidente cree, sinceramente, que el Estado es él. Que él es el único representante del pueblo.
Cuando la Corte Suprema de Justicia decidió en una forma contraria a la que él esperaba, el Presidente acusó a sus magistrados de estar coludidos contra él y, en repetidas ocasiones posteriores, de corrupción. Y no pasó nada.
El señor Presidente ha instado repetidamente al desacato por la Constituyente a ser elegida, de los términos del mandato aprobado por los electores en el referéndum, cuyas bases clara y explícitamente le negaron a la Asamblea Constituyente a ser elegida, el carácter «originario».
La Corte Suprema de Justicia ha negado el pretendido carácter originario de la Asamblea. Sin embargo, el señor Presidente ha afirmado y reafirmado repetidamente, que la Asamblea Constituyente va a disolver los poderes, va destituir a los Diputados y Senadores y a los gobernadores de los Estados, tan legítimamente elegidos como él, va a destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a todos los jueces y va a nombrar sus sustitutos porque alega que su origen está viciado, y que esa Asamblea va a derogar, modificar y hacer Leyes, todo ello antes de aprobar la Constitución y antes de que esta sea aprobada por el pueblo en un referéndum.
Nunca antes, salvo los días de Boves y Morales, se había hecho una predica tan clara y abierta en favor del caos y la anarquía. Nunca. Los más radicales revolucionarios han predicado un orden nuevo. Pero orden. Nadie ha predicado el desorden, la incertidumbre y la arbitrariedad como ideales para construir una república.
El Presidente pretende equiparar la elección de la Constituyente con un hecho revolucionario, creador de un gobierno de facto. Estamos, pues, ante la necesidad de desvelar un enorme engaño, que nos está invitando a elegir no a unos representantes encargados de hacer una nueva Constitución, sino a unos Dictadores.
Unos Dictadores tumultuarios que amenazan abrir juicios populares a todo el que ellos califiquen de corruptos. Juicios en los cuales los principios cardinales del Derecho que le han costado dos milenios a la humanidad consagrar como derechos intangibles, sean reemplazados por el trágico eufemismo de la justicia popular que nunca ha sido justicia y siempre ha terminado masacrando al pueblo. Una asamblea dictatorial obediente a su voluntad que tendrá, según dicen, el poder de disponer de nuestras vidas y bienes a su arbitrio, pues no estarían limitados por más ley que su voluntad.
Además el Presidente ha instado al Consejo Nacional Electoral a la violación de las bases comiciales para la elección de la Asamblea Constituyente. Unas bases que él mismo propuso y que aprobadas por el electorado en el referéndum, fueron vertidas por la autoridad electoral en un reglamento que ahora, el señor Presidente se niega a respetar, alegando que puesto que no hay ley que regule la elección de una Constituyente, él puede hacer y decir lo que le venga en gana para promover a sus candidatos, así se lo prohiba la ley y las bases comiciales que él mismo propuso y que se aprobaron en el referéndum.
En esta línea de palabras y acciones, el señor Presidente apoya abiertamente a los candidatos de su parcialidad y para ello hace uso público y notorio de recursos del Estado. Cuando el Consejo Nacional Electoral le amonesta, el Presidente hace burla del arbitro electoral, de la amonestación recibida, anuncia que seguirá haciendo lo mismo y lo sigue haciendo. Cuando el Contralor anuncia su decisión de investigar el hecho, el Presidente lo ofende y lo descalifica.
El hecho es dramáticamente claro, señoras y señores. El señor Presidente de la República ha violado su deber de respetar y de hacer respetar la Constitución y las Leyes de la República. Nadie puede negarlo.
No digo que el Presidente ha violado su juramento, porque lo dio en forma harto irregular, al extremo que puede decirse que no juró como se lo manda la Ley. En ese momento calificó de «moribunda» a la Ley Constitucional y no se si dijo que juraba respetarla o terminarla de matar.
Pero si la respuesta del señor Presidente a la pregunta ritual que le fuera formulada fue equívoca, la autoridad que le tomó el juramento, lo entendió por dado cuando le dijo:
Si así lo hiciéreis, que Dios y la patria os premien. Si no, que os lo demanden.
No lo ha hecho. No ha respetado ni ha hecho respetar la Constitución y las Leyes. Por el contrario, ha instigado abiertamente a su desobediencia a las obedientes y no deliberantes Fuerzas Armadas. Y como Dios anda muy ocupado en cosas más importantes, y la patria somos todos y no es nadie, alguien se lo debe demandar.
Hace tres días, en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, el Presidente violó su juramento constitucional de respetar y sostener la Constitución y las Leyes, cuando promovió a treinta y tres oficiales de las Fuerzas Armadas cuyo ascenso había sido expresamente negado por el Senado de la República, en legítimo ejercicio de su atribución establecida en el Ordinal Quinto del Artículo 150 de la Constitución.
Además de esto, que es obvio, y debe producir acciones inmediatas por parte de quienes están obligados a tomarlas, lo que el Presidente Hugo Chávez está haciendo con las Fuerzas Armadas, legal, paralegal, metalegal o ilegal, va a llevar a la destrucción de una de las instituciones de mayor prestigio en la sociedad venezolana. Una institución cuyo nivel de profesionalismo, había costado muchos esfuerzos de muchos años lograr.
La atribución del Senado, ejercida en sintonía con lo que las instancias de evaluación interna de las Fuerzas Armadas habían decidido en relación a los oficiales cuyo ascenso negó, no la inventaron los que el Presidente Chávez llama las «cúpulas corruptas» de los partidos. El primero que lo propuso y lo introdujo en el proyecto de Constitución que presentó al Congreso de Angostura de 1819 fue Simón Bolívar.
Desde el mismo inicio de su carrera militar, la preocupación de Bolívar por la disciplina del Ejercito y su acatamiento a la autoridad civil y constitucional fue constante.
En 1813, después de la exitosa campaña guerrillera del Magdalena, y de haber tomado Cúcuta, Bolívar se vio impedido de pasar a Venezuela por la actitud del Coronel Castillo, a quien se le había nombrado como su segundo y quien alegaba que Bolívar no podía legalmente llevar las tropas granadinas más allá de la frontera.
Bolívar acató esto y se dirigió al Congreso de la Unión en solicitud del permiso correspondiente. Pero como se hizo evidente que la actitud de Castillo era obstruccionista y no legalista, Bolívar le escribe al Presidente de la Unión, y más que un raciocinio táctico, estratégico o político de la campaña que pensaba iniciar en Venezuela, le formula una declaración de principio y el 26 de Abril de 1813 le escribe:
«No hay estado beligerante sin tropas, y no hay tropas sin disciplina.»
Este primer incidente en su carrera revela la constante de una firme convicción en la disciplina del Ejército como condición de su misma existencia. Y de su sumisión al poder civil como requisito de su carácter republicano y constitucional. La disciplina del poder militar, y su razón de ser como brazo armado de una república constitucional por la cual se luchaba, fueron los dos pilares del pensamiento de Bolívar y la constante de su vida.
Tras la conquista de Angostura y la instalación del Congreso en 1819, Bolívar presentó un proyecto de Constitución en el cual, por primera vez en la historia constitucional de Venezuela, se le atribuyó al Senado la facultad de aprobar los ascensos militares en estos términos:
«El Presidente...(3) «Nombra los empleos civiles y militares que la Constitución no reservare. Entre los reservados se comprenden los de Coronel inclusive arriba, cuyo nombramiento lo hará el Poder Ejecutivo con aprobación del Senado. Si este no conviniere en el nombramiento, puede repetir su instancia apoyándola mejor. La resolución del Senado, en este caso, es decisiva.» La Constitución de Bolívar, estableció por primera vez en nuestra historia constitucional, el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas y su jefatura por quien quiera ejerciera las funciones de Presidente. Y apartándose del modelo federal de la Constitución de 1811, estableció que la Fuerza Armada eran exclusividad de la República y no la facultad soberana de las provincias de tener sus propias fuerzas armadas.
Ya lo había dicho en 1813 y lo consignó en la Constitución que propuso a la Constituyente de 1819: No hay Estado sin fuerza armada. No hay fuerza armada sin disciplina. No hay disciplina sin ley. No hay ley si el jefe de esa fuerza disciplinada y obediente, no la respeta y la hace respetar.
Si la Ley se rompe por quien tiene que respetarla y hacerla respetar, se acaba la disciplina. Se acaba la Fuerza Armada. Se acaba el Estado. Palabra de Bolívar. Así de clara. Así de sencilla.
La Constitución de 1830 repitió la atribución del Senado para autorizar ascensos y el carácter no deliberante de las Fuerza Armadas.
La Constitución Federal de 1864 omitió esta atribución del Senado y consagró la facultad de los Estados de tener sus propias Fuerzas Armadas, al extremo que la Fuerza Armada Nacional tenía que pedir permiso para pasar por el territorio de los Estados de la Unión. Esa fue una de las causas que llevaron al enguerrillamiento crónico que le siguió hasta que en 1908 Gómez tomó el poder y acabó con el federalismo y con sus caudillos.
Y esa fue la razón de la proliferación de rangos militares otorgados por el Mariscal Falcón y por los presidentes que le siguieron, por lo cual, para fines del siglo pasado Venezuela tenía más generales y coroneles que soldados. Y no tenía un Ejercito. Los ejércitos de entonces eran los partidos de entonces. Eran partidos armados. Eran fuerzas de ocupación al servicio de Guzmán Blanco o de Crespo, pero no de la Nación y mucho menos de sus instituciones.
Llegar a eso parecía una quimera. Regresar a eso parecía ayer una imposibilidad. Pero ese es el camino por el cual vamos. Por lo pronto ya tenemos más coroneles y generales de aviación, que aviones y más almirantes y capitanes de navío, que navíos.
La creación de un Ejército profesional, permanente y nacional se inició a comienzos de este siglo. Cuando Gómez apartó a Castro del poder inició con energía y decisión, la integración de las viejas montoneras del siglo pasado en un Ejército homogéneo, tecnificado y moderno. El paso fundamental se dio cuando el 5 de julio de 1910 se inició el primer curso en la Escuela Militar de «La Planicie».
Algunos de los responsables visibles del progreso de su primera etapa se conocen: el General Francisco Linares Alcántara, que había estudiado y se había graduado en West Point, el General Felix Galavís, el coronel chileno Samuel Mc Gill. Los más visibles de las etapas posteriores, fueron el General Eleazar López Contreras y el entonces Teniente Coronel Isaías Medina Angarita, quien se había graduado en la Escuela militar y había sido muchos años su profesor.
El hecho fue que a la muerte de Gómez en 1935, Venezuela tenía la estructura fundamental de un Ejército profesional, con espíritu y reglamentación de permanencia institucional.
Ese Ejercito disciplinado fue el que hizo posible que el General Eleazar López Contreras realizara las transformaciones que eran necesarias para cambiar el carácter dictatorial del régimen en el cual él se había formado y refundara la democracia en el siglo XX.
El General López Contreras heredó una estructura de poder militar que le hubiera permitido prolongar el régimen autocrático. No lo hizo así. Y uno de los primeros indicios que dio de su carácter liberal y democrático fue cuando, después de la muerte de Gómez, se quitó el uniforme y entró a Caracas como Presidente de la República, vestido de civil.
Un detalle que merece ser recordado en estos momentos, cuando se nos está dando indicios de lo contrario.
La importancia que dentro de toda estructura militar tienen procedimientos institucionalizados de ascenso que alejen lo más posible la discresionalidad en la calificación de los méritos, se pone de manifiesto cuando vemos que una de las principales razones que alegaron los oficiales que formaban la logia de la Unión Militar Patriótica en 1945 para conspirar para derrocar al General Medina, era que éste se había negado a retirar del Ejército a los viejos generales Prato, Ardila y Matute que los oficiales de la Escuela llamaban «chopo e’ piedra» y cuya prolongada permanencia ellos veían como bloqueando su carrera.
La Constitución de 1947 fue la primera que consignó lo que puede llamarse la doctrina militar del Estado Democrático. Esa doctrina, paradójicamente, fue inspirada y colocada en esa Constitución por los oficiales que derrocaron a Medina Angarita, por especial influencia de la mentalidad del entonces Ministro de la Defensa, Teniente Coronel Carlos Delgado Chalbaud, quien en 1946, expresó públicamente su convicción que las Fuerzas Armadas venezolanas debían ser obedientes, no deliberantes, apolíticas, institucionales y profesionales.
Esos principios se consignaron en el capítulo III del Título IV de esa Constitución, que estableció que las Fuerzas Armadas Nacionales eran una institución «apolítica, esencialmente profesional, obediente y no deliberante, organizada para garantizar la defensa nacional, mantener la estabilidad interna y respaldar el cumplimiento de la Constitución y las Leyes.»
Al principio de la impersonalidad de la institución armada al servicio de la Nación y el de la exclusividad de la funciones militares incompatibles con funciones políticas, y de ratificar el principio, de la autoridad jerárquica suprema del Presidente de la República, se sumaron los avances que habían sido logrados en el gobierno de Gómez, como eran la exclusividad y el monopolio del Poder Nacional de mantener fuerzas armadas y poseer armas de guerra.
El apoliticismo de las Fuerzas Armadas quedó sentado claramente en el Artículo 99 de esa Constitución, y los mecanismos institucionales y legales y no discrecionales de ascensos recibieron jerarquía constitucional al establecerse en el Artículo 101 que los grados militares sólo podrán obtenerse conforme a la Ley, ratificando el principio bolivariano de la atribución del Senado de autorizar ascensos.
La doctrina militar del Estado Democrático quedó muy bien consignada en la Constitución de 1961 en su artículo 132, que establece con admirable elocuencia que las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas, y el respeto a la Constitución y las leyes, estableciendo que el acatamiento de las Fuerzas Armadas a la Ley está por encima de cualquier otra obligación, reafirmando que están al servicio de la República, y en ningún caso, al de una persona o parcialidad política.
Yo pienso que el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas es indispensable al mantenimiento de su disciplina y esta disciplina es indispensable para la estabilidad de cualquier orden de gobierno, democrático o no.
Pero aunque no se piense así, el hecho es que hoy, la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas vigente así lo mandan. El mero anuncio por el Presidente Chávez de convocar una Asamblea militar para que los militares le hablen al país, es otra violación a la Ley y a la Constitución. Quizás la más peligrosa de todas. Hasta para él mismo y el mantenimiento de su autoridad.
Ha llegado la hora de recordarle al Presidente que los Poderes que él ofende y amenaza, merecen tanto respeto como el señor Presidente tiene el derecho de esperar de ellos. Pero estos poderes, además de ser acreedores del respeto, tienen poder y facultades positivas que el Presidente no debe desconocer o menospreciar.
El Artículo 192 de la Constitución establece que:
«El Presidente de la República es responsable de sus actos de conformidad con esta Constitución y las Leyes».
El artículo 121 de la Constitución, advierte que el ejercicio del poder por el Presidente de la República «acarrea responsabilidad individual por abuso de poder o por violación de la Ley».
El artículo 46 de la Constitución establece que si el Presidente de la República ordena o ejecuta un acto que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución «incurre en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos».
La responsabilidad penal del Presidente de la República no es inmune a las consecuencias de la comisión del delito de abuso de autoridad por actos arbitrarios, y del delito de incitación a la desobediencia de las leyes.
La Corte Suprema de Justicia en pleno, tiene competencia para declarar si hay o no méritos para el enjuiciamiento del Presidente de la República.
La Ley establece que la acusación del Presidente de la República ante la Corte Suprema de Justicia es derecho de «cualquier ciudadano».
El Ministerio Público, también tiene esta facultad, según lo establece el artículo 220, ordinal 5º de la Constitución.
A la acusación deben acompañarse «los documentos, testimonios, informaciones de nudo hecho u otros medios de prueba que acrediten los hechos sobre los cuales ha de versar el juicio».
Recibida la acusación, la Corte Suprema de Justicia debe decidir si hay o no mérito para proseguir el enjuiciamiento dentro de las 10 audiencias siguientes de su presentación.
Si la Corte decide que hay méritos, lo debe participar inmediatamente a la Cámara del Senado, o a la Comisión Delegada.
El Senado está facultado para autorizar por el voto de la mayoría de sus miembros el enjuiciamiento del Presidente de la República. Hecho esto, el Presidente «quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones» como lo establece la constitución viva y vigente.
El enjuiciamiento del Presidente corresponde a la Corte Suprema de Justicia en pleno, hasta sentencia definitiva.
El Presidente ha dicho reiteradamente que no le importa que lo enjuicien. A quienes me escuchan y les compete hacerlo, debe importarles. Si no lo hacen, no será por falta de causales.
Mucho medité acerca de lo que en esta hora y desde esta tribuna debía decir. Un viejo y sabio amigo me había aconsejado: «Deja hablar al venezolano angustiado que tienes dentro»... Eso es lo que he hecho. No se si he acertado con lo que se debe decir en este momento. Sólo se que he hablado como mi conciencia me lo manda. Eso me basta.
¿Qué más se puede decir para sacudir a los venezolanos que me escuchan y sacarlos de su apatía, de su conformismo, de su cobardía cívica? ¿Para alertarlos de lo que puede suceder y va a suceder si se deja pasar lo que se está diciendo y haciendo?
Yo no soy de los que ven en los dos escasos siglos de nuestra historia republicana, una secuencia continua de fracasos en el empeño iniciado en la fecha que hoy conmemoramos, de construir un Estado constitucional.
No es cierto que nuestras 26 constituciones sean la prueba de una sucesión constante de fracasos. Yo las veo como una secuencia constante de frustraciones. Y de la frustración siempre queda la esperanza que la constancia la lleve al éxito.
Las frustraciones de nuestra historia están eslabonadas por una sucesión magnífica, gloriosa de coraje y constancia en la defensa de los principios democráticos que fueron sembrados en un día como hoy, hace 188 años. De no haber sido por ese coraje y esa constancia, Boves habría triunfado.
En su día fueron más los que siguieron a Boves que a Bolívar. Pero para nuestra fortuna, no todos los venezolanos de entonces se hicieron soldados de Boves. Y no todos los venezolanos de hoy, son como los que ayer siguieron a Boves.
He dejado hablar al venezolano angustiado que tengo dentro. Porque no somos pocos los venezolanos que estamos angustiados por las tempestades que van a provocar los vientos de odio, de ilegalidad y de violencia sin razón ni sentido, que hoy se están sembrando. Es a esos venezolanos angustiados a los cuales les he hablado.
Y es por mis hijos y mis nietos y los hijos y los nietos de todos los que tienen hijos y nietos, por quienes he hablado. Ellos son los que van a vivir en la Venezuela del próximo siglo. Ellos son los que van a tener que pagar lo que hoy hagamos o dejemos hacer para detener, o dejar pasar, lo que tanto daño amenaza.
Mañana, mis hijos y mis nietos no me podrán reclamar el no haber dicho lo que debía decir cuando pude y debí decirlo. Lo dije. Yo cumplí. Ahora les toca a ustedes.
Jorge Olavarría
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